Prueba y error: una mirada sobre la calidad y la evaluación en la formación docente

Un análisis crítico sobre las políticas de evaluación de la formación docente y sus efectos regresivos. Cuando conceptos como “calidad” y “mérito” son la arena simbólica de una lucha entre proyectos políticos y pedagógicos.


Por Mariano Indart * y Silvia Andrea Vázquez **


La economía es el método. La finalidad es cambiar el corazón y el alma

Margaret Thatcher


¿Quién puede oponerse a la calidad educativa? Seguramente nadie. ¿Quién puede pensar que no es meritorio esforzarse por aprender? Tampoco, nadie. ¿O que es nocivo desarrollar la creatividad para emprender nuevos proyectos? Sin embargo, estos interrogantes así formulados, impiden visualizar aspectos fundamentales. En principio dan por sentado que existe un acuerdo tácito sobre qué es calidad educativa, mérito, emprender y, como corolario, supone que dichos conceptos son neutrales, es decir, que no tienen relación con los intereses políticos y económicos que construyen los parámetros de calidad o de mérito.


En este contexto, a mediados del 2017 aparece el documento que da fundamento al Operativo de Evaluación denominado “Enseñar” que se concretó en una prueba individual con ítems de opciones múltiples a fines del mismo año; el análisis tanto de lo enunciado como de lo hecho nos permite desentrañar el modo en que se instala cierta “cultura evaluadora” que nos propone reducir evaluación a medición y considerarla como poción cuasi mágica que mejora por su sola aplicación cualquier aspecto del sistema educativo.


Fotografía: Marcela Sarzano

Si bien sostener que la evaluación mejora la calidad educativa es como pensar que solo la medición de la fiebre identifica la patología y el tratamiento que permitirá curarla, dicha asociación está instalada en el sentido común que no se incomoda cuando documentos como el del operativo “Enseñar” postulan que, para “mejorar la calidad de la formación inicial”, se necesita “la profundización de los dispositivos de evaluación integral del sistema formador”. Discurso totalmente disociado de una realidad en la cual, la citada integralidad, se redujo a medir comprensión lectora y relevar si los estudiantes poseían algunos saberes disciplinarios y criterios pedagógicos, dimensiones imposibles de captar fehacientemente a través de un instrumento descontextualizado y ajeno a la dinámica de las instituciones formadoras de los estudiantes.


Así, las políticas educativas del gobierno actual, en el marco de concepciones pedagógicas surgidas de los organismos de crédito internacional, hacen de las evaluaciones estandarizadas una herramienta central y todopoderosa buscando corroborar la profecía autocumplida de modo tal que las “mediciones de resultados confirman la crisis por ellos enunciada y habilitan un diverso y cada vez más amplio mercado de servicios y productos que van a solucionar los problemas detectados”.


La fiereza con la que el gobierno actual lleva adelante políticas de ajuste a la educación pública, que sin duda se profundizarán luego del último acuerdo con el FMI, nos lleva a interrogarnos sobre el valor que le dan los defensores de estas políticas a los docentes y su formación. Algunas declaraciones y propuestas – la propensión a cerrar institutos, el desfinanciamiento de la partida presupuestaria de Formación Docente, o las convocatorias a “voluntarios”, “líderes educativos” y “co-docentes” – nos anticipan un horizonte de desjerarquización del trabajo de enseñar.


Algunas señales ya estaban presentes en los discursos y las prácticas del operativo Enseñar. Observamos como en dicho dispositivo fueron evaluados, de manera individual, los saberes disciplinares de los estudiantes a través de pruebas de cuya elaboración no han participado quienes asumen la tarea de enseñarlos, que además tampoco fueron convocados a tomar la prueba, ya que quedó a cargo de aplicadores externos.


En contraposición, en la evaluación desarrollada en 2014, se dejó expresamente de lado indagar qué saben cada uno de los estudiantes sobre las disciplinas curriculares del campo de la fundamentación y de la especialización, ya que eso constituye lo que cotidianamente evalúan los profesores, y se apostó a confiar en y a fortalecer los procesos de enseñanza que desarrollan los institutos.


La definición sobre qué evaluar en uno u otro caso, permite apreciar que, la relevancia otorgada al contenido del trabajo de los profesores y el respeto a su condición de formadores de formadores, son diametralmente opuestas.


Por otro lado, el documento “Enseñar” propone evaluar “capacidades profesionales” - en otras circunstancias nombradas como competencias- aludiendo al “saber hacer” de la enseñanza y pensadas como los saberes a ser adquiridos en la formación docente inicial. Podemos decir que tales capacidades no son objetables en sí mismas; sin embargo, al homologarse en el documento los “saberes a enseñar” con técnicas sobre dinámicas grupales, producción de proyectos institucionales y la muy actual “gestión de la clase”, se dejan de lado los conocimientos que constituyen el núcleo pedagógico del trabajo de los y las docentes, quienes de esta manera ven devaluada su condición de trabajadores intelectuales al restringir su actividad a la mera ejecución de un oficio, mientras se reduce la enseñanza a un tecnicismo basado en la correcta implementación de protocolos didácticos.


Esta situación permite hipotetizar que, en un plazo por ahora impreciso, las intervenciones de los docentes podrían ser sustituidas por programas virtuales, instalando la idea de “emprendizaje”, es decir del proceso por el cual la enseñanza es reemplazada por el autoaprendizaje.


¿Cuál puede ser el sentido de auditar desde fuera qué saben los estudiantes de las disciplinas a ser enseñadas y/o definir también externamente qué capacidades debieron ser adquiridas? Tal vez esto no haya sido más que una herramienta para autoconfirmar los magros niveles de “calidad” de los docentes y mostrar el despropósito que significaría sostener los ISFD de “peor rendimiento”, tal como lo anticipara Cecilia Veleda, actual directora del INFoD al asumir su cargo y lo sigue sosteniendo Guillermina Tiramonti, coordinadora del Consejo de Formación Continua de la Provincia de Buenos Aires, sin tener ningún resultado a la vista que fundamente sus apreciaciones.


Vale la pena reiterar que, al definirse externamente los “contenidos” de la formación a ser evaluados, sin que los profesores sean consultados sobre dicha selección ni sobre la confección de las consignas, nadie puede saber si esos conocimientos, capacidades y/o criterios pedagógicos han sido enseñados y bajo qué condiciones.


Se hace así visible que el objetivo de evaluar para “redimensionar” la oferta de formación, a juzgar por lo que viene ocurriendo desde el inicio del 2018 y sin que se tengan los resultados de la evaluación, se ha transformado en realidad en el cierre o fusión de carreras sin ningún otro argumento que la escasez de matrícula, criterio economicista muy alejado de los supuestos fundamentos pedagógicos del Operativo Enseñar.


Fotografía: Damián Ferrari

No creemos que las actuales políticas educativas deban ser impugnadas por apoyarse en la aspiración ciudadana de una “educación de calidad”, sino que consideramos que la definición de qué se entiende por calidad es el centro de una batalla simbólica. Como diría Tomás Olava, “la oposición inteligente quizás no está tanto en tomar los mismos sentidos del adversario para intentar reproducirlos mejor sino en disputarlos en sus significados para cargarlos de otro sentido”.


No se trata de evaluar o dejar de hacerlo, como maliciosamente suelen plantear los voceros gubernamentales o massmediáticos cuando pretenden identificar toda oposición al formato oficial de estandarización de la evaluación con la “demagogia populista” de las propuestas de inclusión. Se trata, en todo caso, de construir herramientas y dispositivos de evaluación que no estén al servicio de la imposición de una racionalidad economicista, sino que pongan en valor cómo y qué “enseñan” los proyectos educativos orientados por los ideales de un sociedad más justa y democrática y que, a la vez, contribuyan a formar docentes capaces de aunar rigurosidad científica y compromiso ético-político en sus prácticas pedagógicas.



* Profesor e investigador de la UNLU, profesor del ISFD Nº 29 y de la UBA.

** Profesora e investigadora de la UNLU, coordinadora de Formación Docente del Instituto Patria.

1 vista0 comentarios